Fuera de agenda
El punto ciego de la reforma laboral: el desfinanciamiento del INCAA y la cultura
La reforma laboral impulsada por el Gobierno incluye la derogación de los gravámenes que sostienen al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La medida elimina las fuentes de recursos propios del organismo y debilita de manera estructural al sistema de fomento cultural.
Mientras la discusión pública se concentra en la reforma laboral, el proyecto de ley del Gobierno de Javier Milei avanza sobre otro frente: el financiamiento del cine nacional. No lo hace con anuncios ni conferencias. Lo hace en los últimos artículos del texto, bajo el apartado “Derogaciones”.
Ahí, sin demasiadas vueltas, se desarma el esquema que durante décadas sostuvo al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Si la iniciativa se, el organismo perderá sus fondos específicos y quedará sujeto a las transferencias que decida el Ministerio de Economía.
La maniobra se apoya en la modificación de dos leyes que no forman parte del eje del proyecto, pero sí de su impacto real. Por un lado, la Ley de Cine (17.741). Por otro, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Ambas aparecen intervenidas como si se tratara de ajustes técnicos. En los hechos, redefinen el sistema de fomento cultural.
El artículo 195 elimina los recursos que alimentan el Fondo de Fomento Cinematográfico: el impuesto sobre las entradas de cine, el gravamen a los videogramas y la porción del tributo a los servicios audiovisuales que sostenía al INCAA. Sin esos fondos, el organismo deja de tener recaudación propia. No hay plan alternativo ni esquema de reemplazo. Solo queda la dependencia del presupuesto general.
El artículo 196 completa el cuadro. Deroga el título de la ley audiovisual que financiaba a radios, canales de televisión y servicios de cable, un esquema que no solo sostenía al cine, sino también a Radio y Televisión Argentina, al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto Nacional de la Música y a los medios comunitarios. Con la eliminación de las asignaciones específicas, todos esos organismos pierden su principal fuente de recursos.
El impacto ya se siente. Menos rodajes, concursos que no se abren, pagos demorados. El Gaumont y la red de Espacios INCAA, pensada para garantizar exhibición en todo el país, debilitada. Los festivales reducen su alcance. La producción independiente, históricamente sostenida por este sistema, queda sin respaldo. Cine.Ar en vías de la privatización.
El proyecto no discute el sistema de fomento ni propone correcciones. No revisa mecanismos ni plantea mejoras. Elimina las bases materiales que lo sostienen. Y lo hace sin presentarlo como una política cultural, sino como un efecto colateral de una reforma más amplia.
En ese movimiento, el financiamiento del cine nacional deja de ser una política pública. Pasa a depender de la voluntad presupuestaria del gobierno de turno. El cambio no ocupa titulares, pero redefine el mapa cultural argentino.
