El sector cultural celebra la sanción de la Ley Audiovisual Bonaerense

La sanción de la Ley Audiovisual Bonaerense marca un punto de inflexión para una actividad que venía reclamando un marco regulatorio propio, en sintonía con otras provincias del país. El sector organizado sostiene que esta conquista es el resultado de años de trabajo colectivo, gestado desde abajo y sostenido por una red de profesionales, organizaciones y colectivos que impulsaron la agenda audiovisual en el territorio.

El Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires —creado en 2020 como respuesta al vacío legal en materia de políticas públicas— fue uno de los motores de este proceso. Con más de 300 integrantes distribuidos en toda la provincia, el espacio se convirtió en una plataforma de articulación que logró instalar una demanda histórica: la necesidad de una ley que promoviera formación, producción, distribución, exhibición y preservación del patrimonio audiovisual bonaerense.

La provincia ocupa el segundo lugar en producción de películas a nivel nacional, lidera el número de rodajes y reúne la mayor concentración de estudiantes y universidades públicas vinculadas al campo audiovisual. A esto se suma una tradición de producción comunitaria extendida en distintos municipios. Sin embargo, hasta ahora no contaba con una normativa específica que potenciara ese ecosistema.

La nueva ley propone descentralizar la actividad mediante la división del territorio en regiones productivas, con el objetivo de fomentar empleo local y fortalecer la identidad bonaerense en los relatos. También incorpora la preservación del acervo audiovisual y la promoción de voces diversas en la representación de audiencias y contenidos.

El sector coinciden en que el próximo desafío será la reglamentación: buscan que la participación de las organizaciones sea determinante para garantizar que el espíritu federal de la ley se traduzca en políticas efectivas.

Desde Berazategui, José Campusano leyó la sanción como un giro largamente esperado. Para él, la ley abre una puerta simbólica: la posibilidad de que las producciones nacidas en la provincia encuentren un lugar propio en el movimiento audiovisual del país. Su frase —“De Buenos Aires al mundo”— condensa una expectativa extendida: contar con un marco que acompañe el viaje de las obras más allá de sus ciudades de origen.

Mario Verón, desde Ensenada, habló de protagonismo. Reconoce que el sector atravesó años de gestión, reuniones y acuerdos para llegar a este punto. Su mirada se detiene en lo que viene: una reglamentación que no diluya la experiencia territorial acumulada. Para él, la provincia tiene la capacidad de construir una trama de relatos nacidos en cada comunidad, y la ley debe funcionar como la herramienta que organice esa convivencia.

En Bahía Blanca, Lex Fazio piensa en el mapa. Sabe que la provincia es extensa, diversa y con historias que se escriben lejos de los centros metropolitanos. Por eso plantea la necesidad de un equilibrio: que el talento que circula entre Pergamino, Azul, Tandil o Patagones pueda convertirse en producción sostenida, sin depender de traslados o concentraciones. Imagina una red que funcione por capilaridad, donde cada región sea un nodo más de un mismo sistema.

Para Damián Miguel, desde Rauch, la sanción reorganiza la relación entre territorio y producción. Interpreta que la provincia, con sus recursos y extensión, necesitaba un marco que la posicionara como un espacio preparado para recibir y generar proyectos con proyección. Habla de un movimiento que puede atraer miradas externas y, al mismo tiempo, fortalecer las iniciativas locales que ya existen.

En Merlo, Juan Mascaro se detiene en el proceso. Ve la ley como el resultado de una construcción sostenida que atravesó municipios, colectivos y experiencias. Su lectura remite a la persistencia: un avance que se logró por acumulación, por insistencia y por la convicción de que una política pública podía modificar condiciones concretas de trabajo.

Gonzalo Andrés, desde Luján, pone la vista en la etapa que sigue. Sabe que la sanción abre un capítulo, pero no lo cierra. Entiende que el verdadero impacto se producirá en la reglamentación, cuando la letra empiece a tomar forma en la rutina de los equipos técnicos, en la disponibilidad de fondos, en la apertura de espacios de formación y en la activación de proyectos que hoy esperan su oportunidad.

Desde Tandil, Alex Trigo piensa en quienes están comenzando. Observa que la ley puede desarmar una lógica habitual: la necesidad de migrar para desarrollarse. Propone un escenario donde cada creador pueda producir desde su territorio, sin romper su vínculo con la comunidad que alimenta sus relatos. Imagina un futuro en el que esas voces amplíen la identidad audiovisual provincial.

Andrés Cuervo, desde Lincoln, habla en términos de posibilidad histórica. Por primera vez, dice, la región tendrá acceso a recursos y representación concreta. Su mirada se proyecta hacia la infraestructura que podría activarse: formación accesible, salas que vuelvan a funcionar, proyectos que se queden donde nacieron. Piensa la ley como una oportunidad para que su zona deje de moverse en los márgenes.

En Escobar, Hugo Castro Fau sintetiza su expectativa en un punto: contar con un fondo específico. Para él, la herramienta permitirá que las historias bonaerenses puedan narrarse desde dentro, con equipos que conozcan el territorio y con un horizonte que integre producción, memoria y circulación.

En un país donde más de quince provincias ya cuentan con leyes audiovisuales, la aprobación bonaerense llega para saldar una deuda de larga data. El territorio que concentra buena parte de la producción cinematográfica nacional ahora tendrá la posibilidad de fortalecer su perfil industrial, artístico y formativo con políticas de base.

Para el sector, este es un punto de partida: una ley que reconoce la diversidad territorial y la potencia creativa de una provincia que aspira a construir su propio relato audiovisual.