Crítica de "Un buen abogado": Laurent Lafitte y la justicia como cálculo de agenda

El vértigo en los pasillos de los tribunales no responde a la urgencia de la justicia sino a la necesidad de administrar el tiempo propio. Léonard Landry, un penalista al borde del colapso interpretado por Laurent Lafitte, encarna esa tensión cuando intenta sostener dos audiencias simultáneas hasta que un colapso físico y unas bolsitas de cocaína interrumpen su simulación de control. A partir de allí, con tres semanas de rehabilitación cumplidas y una causa propia que amenaza su matrícula, incorpora a un pasante exclusivamente porque tiene vehículo y acepta el testimonio de un joven congoleño vinculado a maniobras non sanctas del conglomerado francés Varenne. Esa red de conveniencias, impulsada también por su expareja y autoridad del colegio de abogados (Mélanie Laurent), transforma el patrocinio legal en un ejercicio de supervivencia donde el cliente no es más que el recurso más reciente para saldar deudas pendientes con la propia decadencia.

Séguéla filma esa degradación institucional apoyándose en la coreografía del movimiento constante, un recurso que funciona tanto como comedia de enredos como trampa moral. Las corridas de Léonard de una sala a otra no buscan la verdad material sino evitar el choque con las consecuencias de sus actos, una lógica que traslada intacta al vínculo con su pasante Noé (Anthony Bajon) y al trato con el testigo extranjero. Cada traslado a velocidad sostenida aísla al abogado de la dimensión real del conflicto que patrocina, reduciendo el entramado geopolítico entre corporaciones francesas y grupos terroristas locales a una simple variable dentro de su estrategia de rehabilitación personal. La puesta en escena convierte el apuro en una coartada visual: cuanto más rápido se desplaza el protagonista, menos tiempo queda para examinar el origen espurio de la información que maneja.

Esa aceleración permanente encuentra sus mayores fisuras cuando el relato intenta cruzar la negligencia individual con los negociados corporativos internacionales. La película brilla en la fricción cotidiana del tribunal, donde la velocidad deja al descubierto los engranajes mezquinos del derecho penal, pero pierde filo al subordinar la denuncia contra el conglomerado Varenne al exclusivo devenir emocional del penalista. El testimonio del joven congoleño queda así atrapado en un segundo plano, supeditado a la posibilidad de que su defensor recupere el favor de su expareja o limpie su legajo profesional. El thriller evidencia aquí su límite más incómodo: el sistema judicial no solo mercantiliza el dolor ajeno, sino que convierte la causa de un testigo protegido en un mero trámite para ganar tiempo frente al espejo.

El valor del film reside en negarse a la redención fácil de su protagonista, prefiriendo mostrar cómo la maquinaria legal recompensa al cínico veloz antes que al idealista. Séguéla desarma la figura del abogado defensor abnegado para exponer a un operador que calcula cada palabra según el rendimiento que le reporta en su propia causa. Hacia el cierre, la película consolida su mirada más lúcida al demostrar que la mayor violencia institucional no proviene de los despachos corporativos, sino de la silenciosa complicidad de quienes convierten la tragedia humana en un problema de agenda. La justicia es solo la velocidad con la que se desoye a los marginados.