Campusano cruzó a Pirovano: ¿el INCAA fomenta el cine argentino o lo obliga a sobrevivir como puede?

El presente del cine argentino volvió a quedar en el centro de una discusión que excede las cifras de producción y alcanza una cuestión de fondo: qué función debe cumplir el INCAA y bajo qué criterios deben distribuirse los recursos destinados a la actividad cinematográfica.

El director José Celestino Campusano entabló un fuerte intercambio con Carlos Pirovano, actual presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), durante una edición de Cine Industria Recuperada en Barricada TV. Del encuentro también participaron Cynthia Sabat, periodista y escritora, y Teresa Saporiti, presidenta de Documentalistas de Argentina (DOCA).

La conversación comenzó bajo una premisa planteada por los propios participantes: debatir aun cuando existieran diferencias. “Para conversar no tenemos por qué estar de acuerdo”, se señaló al comienzo del encuentro, que rápidamente concentró la discusión en la situación del INCAA, los subsidios y las condiciones actuales de producción.

INCAA: rodajes, estrenos y el primer punto de discusión

Uno de los primeros cruces apareció cuando Sabat describió una crisis del sector audiovisual durante 2026, vinculada al ajuste presupuestario, la situación de los subsidios y la reducción de los rodajes nacionales.

Pirovano cuestionó parte de ese diagnóstico. Según explicó, la cantidad de estrenos no habría sufrido una reducción equivalente a la de los rodajes. Indicó que el año anterior se habían registrado 234 estrenos y sostuvo que durante 2026 la cifra se ubicaría en niveles similares.

Sin embargo, reconoció un dato que atravesó buena parte del debate: “se ha reducido mucho el número de rodajes”.

La diferencia no fue solamente estadística. El intercambio permitió identificar dos variables que no necesariamente evolucionan juntas: una cosa es cuántas películas llegan a estrenarse durante un año —muchas de ellas producidas previamente— y otra es cuántos nuevos proyectos están efectivamente entrando en producción.

Pirovano defendió el cambio en el sistema de subsidios

El presidente del INCAA centró parte de su argumentación en la modificación del mecanismo de apoyo estatal.

Pirovano cuestionó el sistema de anticipos de subsidios porque, según su interpretación, podía generar incentivos para realizar películas sin una relación posterior con el público. Planteó que dentro de un esquema donde el productor recibía recursos y debía cumplir principalmente con la entrega de una copia terminada, la cantidad de espectadores tenía un peso limitado.

En ese contexto, afirmó que gran parte de las películas argentinas estrenadas registraban menos de mil espectadores.

La gestión actual, explicó, modificó ese criterio para vincular los beneficios correspondientes a otros medios de exhibición con las plataformas. Según Pirovano, los productores pueden acreditar un contrato con una plataforma o demostrar que la película superó determinado umbral de espectadores.

Su planteo colocó así la respuesta del público como una variable dentro de la política de subsidios.

Campusano: el problema no termina en la cantidad de espectadores

Campusano cuestionó ese razonamiento desde las condiciones materiales en las que circula una película independiente.

Para el realizador, medir el desempeño de una producción por su cantidad de espectadores sin analizar previamente la distribución, el acceso a las salas, la permanencia en cartel y la capacidad económica para promocionar un estreno puede producir una lectura incompleta.

El director señaló la diferencia de poder existente entre productores independientes y grandes complejos de exhibición. Describió situaciones en las que películas que inicialmente tenían prevista una cantidad determinada de pantallas terminaron estrenándose en muchas menos y permanecieron poco tiempo en cartel.

Su argumento introdujo uno de los ejes centrales del encuentro: ¿puede utilizarse la taquilla como indicador de desempeño cuando las películas no compiten bajo las mismas condiciones de distribución y exhibición?

Campusano también cuestionó que la existencia de circuitos dedicados al cine independiente resuelva por sí misma el problema. Sostuvo que los hábitos de consumo están relacionados con la infraestructura que rodea a los complejos comerciales: estacionamiento, gastronomía, cantidad de pantallas y concentración de actividades en un mismo espacio.

El ejemplo que encendió el debate

El momento de mayor tensión llegó cuando Pirovano construyó un ejemplo hipotético para explicar las fallas que, desde su perspectiva, podía producir el sistema anterior.

El funcionario planteó el caso de una persona que presentara un proyecto, obtuviera la aprobación correspondiente, realizara una película cumpliendo formalmente los requisitos, concretara un estreno con pocos espectadores y finalmente accediera a una suma considerable mediante el subsidio.

“¿Es razonable eso?”, preguntó.

La formulación generó la reacción de los participantes. Sabat cuestionó que el ejemplo pudiera instalar la idea de que quienes producen cine mediante subsidios buscan apropiarse del dinero público sin comprometerse con las películas.

Su intervención desplazó la discusión desde la eficiencia económica hacia el trabajo involucrado en la producción cinematográfica y la legitimidad del sistema de fomento. Señaló que los subsidios suelen cubrir solamente una parte del presupuesto y que productores y realizadores recurren también a recursos propios, familiares, socios y otras fuentes de financiamiento.

Campusano cuestionó la generalización sobre los realizadores

Campusano retomó ese punto y reclamó mayor precisión a la hora de hablar sobre posibles irregularidades.

El director mencionó que existen alrededor de 2.300 realizadores registrados en Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) y planteó que, si existen casos concretos de personas que utilizaron incorrectamente los mecanismos de fomento, deberían identificarse y actuar sobre ellos en lugar de proyectar esas situaciones sobre el conjunto del sector.

La discusión reveló una diferencia de enfoque.

Pirovano analiza el sistema desde los incentivos que produce una política pública, independientemente de las intenciones particulares de cada realizador. Campusano y Sabat, en cambio, advierten que esa lógica puede transformar casos hipotéticos o irregularidades particulares en una explicación general sobre el funcionamiento de la producción independiente.

Pirovano aclaró posteriormente que su ejemplo había sido hipotético y que no había acusado a ninguna persona en particular.

¿Qué debe financiar el Estado?

Detrás del intercambio sobre los subsidios apareció una discusión de mayor alcance.

Pirovano definió las políticas públicas como herramientas que el Estado pone a disposición del sector, pero sostuvo que debe existir un criterio para asignar los recursos. Desde esa perspectiva, el organismo no debería limitarse a distribuir fondos sino establecer mecanismos capaces de generar incentivos y alguna forma de validación posterior.

Campusano puso el foco en otra dimensión: el costo real de producir una película y la distancia entre esos presupuestos y los recursos disponibles a través del INCAA.

El realizador sostuvo además que esa diferencia afecta las posibilidades de negociar coproducciones internacionales y cuestionó que posteriormente se exijan resultados de distribución, promoción y espectadores a producciones que parten de estructuras financieras limitadas.

Distribución y exhibición: el otro conflicto del cine argentino

El debate mostró que el financiamiento constituye solamente una parte del problema.

Una película puede obtener recursos, terminarse y aun así encontrar dificultades para llegar al público. La concentración de pantallas, los costos de lanzamiento, la promoción, la competencia con producciones internacionales y el tiempo de permanencia en cartel forman parte de una cadena que determina finalmente la cantidad de entradas vendidas.

Pirovano sostuvo que existen salas y públicos para el cine independiente y mencionó experiencias de películas que lograron convocatorias significativas fuera de los parámetros del cine comercial.

Campusano respondió que esos casos no necesariamente pueden trasladarse al conjunto de la producción.

La discusión dejó entonces una pregunta abierta: si el Estado condiciona parte del apoyo a la llegada al público, ¿debe intervenir también sobre las condiciones que permiten que una película encuentre ese público?

Dos modelos para pensar el futuro del INCAA

El intercambio entre Campusano y Pirovano terminó exponiendo una discusión que atraviesa al cine argentino desde hace años, pero que adquiere otra dimensión frente a las transformaciones implementadas en el INCAA.

Por un lado aparece un modelo que busca relacionar los recursos públicos con indicadores verificables de circulación y audiencia. Su argumento central es que el financiamiento debe contar con mecanismos de control y evitar incentivos que permitan producir sin considerar posteriormente la relación de la obra con sus espectadores.

Del otro lado se plantea que el cine no puede evaluarse únicamente mediante criterios de mercado, porque el acceso a las pantallas y al público se encuentra condicionado por factores económicos que los productores independientes no controlan. Desde esta posición, la política cinematográfica también cumple una función cultural: permitir la existencia de películas que difícilmente podrían financiarse exclusivamente mediante su rendimiento comercial.

Ese fue, finalmente, el núcleo del debate. No se discutió solamente cuánto dinero debe destinarse al cine argentino. Se discutió qué entiende el Estado por fomento, cómo se mide el resultado de una película y quién asume el riesgo de producir obras que no responden a las reglas de rentabilidad del mercado audiovisual.

El debate dejó al descubierto una contradicción que el INCAA deberá resolver si pretende sostener una política cinematográfica: no alcanza con exigir espectadores cuando el propio sistema no garantiza las condiciones para llegar a ellos. Vincular el fomento con la taquilla o las visualizaciones puede ofrecer indicadores cuantificables, pero corre el riesgo de convertir al mercado en árbitro de aquello que merece ser producido. Campusano puso el conflicto en ese punto: una película independiente no parte de las mismas condiciones de distribución, promoción y exhibición que una producción respaldada por grandes estructuras comerciales. Y si existen abusos en el sistema de subsidios, corresponde investigarlos y sancionarlos, no construir la política pública desde la sospecha sobre todo un sector. El interrogante que quedó después del cruce con Pirovano es político antes que administrativo: ¿el INCAA seguirá siendo un organismo destinado a fomentar una cinematografía que el mercado por sí solo no produciría o terminará financiando principalmente aquello que pueda demostrar, de antemano o después del estreno, que funciona bajo las reglas del mercado? De esa respuesta depende algo más que el destino de los subsidios: depende qué cine argentino tendrá posibilidades de existir.