Milei se propone desmantelar el INCAA y terminar con la ENERC
La Ley Ómnibus reconfigura la gestión y financiamiento del cine argentino
En un importante giro para la industria cinematográfica argentina, la llamada Ley Ómnibus enviada al Congreso prevé modificaciones sustanciales en la estructura y financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), manteniendo su estatus como ente público no estatal bajo la Secretaría de Cultura de la Nación. Los cambios, que abarcan desde la presidencia hasta la distribución de fondos, buscan reconfigurar la gestión y apoyo a la producción cinematográfica en el país.
De acuerdo al artículo 558, el INCAA será presidido por un director y un subdirector, junto con la Asamblea Federal y un Consejo Asesor reducido a ocho miembros, designados discrecionalmente por el director en funciones. Este cambio marca un quiebre con la práctica anterior, que incorporaba representantes de diversas entidades del sector cinematográfico.
El artículo 564 de la Ley Ómnibus confirma la continuidad del Fondo de Fomento para la actividad cinematográfica local, financiado por un impuesto del 10% sobre el precio básico de las entradas de cine en todo el país. No obstante, se elimina una carga similar para la venta de videocassettes, y el 25% de los fondos provenientes del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), reemplazándolos por recursos que determine el Presupuesto Nacional.
En relación con el presupuesto del INCAA, el artículo 565 estipula que al menos la mitad deberá destinarse a subsidios para la producción y exhibición de películas, limitando los gastos de personal al 25% del mismo presupuesto (el personal debería reducirse así en un 70%).
Se establece, además, que los subsidios a la producción no pueden superar el 50% del costo total del proyecto. La ley también autoriza al INCAA a otorgar créditos para la producción, con la condición de que el beneficiario no podrá acceder a futuros créditos ni subsidios si existe alguna deuda pendiente.
Adicionalmente, la legislación determinará que los productores solo podrán beneficiarse de subsidios para la realización de una película cada dos años. Esta medida afecta negativamente a diversas productoras que solían filmar varias películas anuales con el respaldo financiero del INCAA, generando un impacto significativo en su operación comercial. La Ley también elimina la obligatoriedad de obtener autorización ante el INCAA para la difusión de películas a través de otros medios audiovisuales.
En última instancia, persiste la responsabilidad del INCAA de salvaguardar la Cinemateca Nacional y una biblioteca especializada. Sin embargo, se omite la inclusión de la destacada Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) en este conjunto. Asimismo, no se asegura la realización de eventos significativos como Ventana Sur y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, este último reconocido como el único de categoría A en la región. Además, queda en duda el respaldo a los diversos festivales cinematográficos que tienen lugar en el país como la continuidad de CINE.AR y los Espacios INCAA.
Estos cambio generan un impacto profundo en el funcionamiento del INCAA y plantean un nuevo paradigma en la gestión y apoyo a la producción cinematográfica en Argentina, despertando diversas opiniones y debates en la comunidad cinematográfica.
