Crítica de "No matar": Juan Villegas revisa la guerrilla sin absolver al Estado

Volver sobre las acciones de las organizaciones armadas en la Argentina de los años sesenta y setenta abre una discusión que ninguna promesa de transformación social debería eludir: la responsabilidad ineludible de haber decidido sobre la vida de otros. Pero este examen exige una distinción ética fundamental: reconocer a las víctimas de la guerrilla no equivale a justificar la represión clandestina ni convierte la desaparición sistemática de personas en el costo inevitable de una guerra. El documental No matar (2026), dirigido por Juan Villegas a cincuenta años del golpe de 1976, habita esa grieta incómoda a través de las voces de exintegrantes de las organizaciones revolucionarias y de familiares de sus víctimas.

La película construye la escucha desde una puesta en escena tan despojada como elocuente. Una mesa, una pared neutra y una cámara fija delimitan el espacio. En esa sobriedad, las pausas, el temblor o la firmeza en la voz y el movimiento de las manos se vuelven materia narrativa: exponen las vacilaciones, acompañan los razonamientos o dejan ver lo que todavía cuesta nombrar. Recordar frente a un lente es siempre un acto del presente, un intento por dar forma a lo vivido. Villegas trabaja precisamente con la distancia que separa los hechos de su elaboración posterior. La duración de los planos y el ritmo del corte no son simples recursos técnicos; constituyen una mirada ética sobre el testimonio.

Durante más de tres horas, esa elección formal le demanda al espectador un compromiso poco habitual. El tiempo otorgado a las voces hace posible seguir la trama fina de sus argumentos, pero también invita a interrogar la autoridad que adquieren en pantalla. Haber sido parte de aquellos años aporta una vivencia insustituible, aunque no alcanza para agotar la explicación de toda una época. El recuerdo siempre convive con omisiones, lecturas acomodadas y la necesidad de darle sentido a las propias decisiones. Por eso, la selección de los entrevistados define el horizonte de la película: al reunir a exmilitantes que repudian la lucha armada y a familiares de víctimas civiles, Villegas orienta el relato hacia el peso de la responsabilidad por las muertes y sus secuelas.

Desde una izquierda democrática, asumir este debate resulta indispensable. Un proyecto que busque la emancipación debe responder por los medios que despliega y por las relaciones de poder que construye. Cuando un grupo se adjudica la facultad de decidir quién debe morir, la invocación del pueblo o de la revolución no atenúa la responsabilidad de quienes planificaron, ordered o ejecutaron un crimen. Escuchar a las familias devuelve el foco al impacto concreto de esas decisiones sobre personas reales, cuyas vidas no pueden quedar reducidas al lugar que les asignó un cálculo estratégico. Su derecho a ser reconocidas no depende de sus adscripciones políticas ni de las de quien las escucha.

Sin embargo, para no extraviar el rumbo, esa atención a los actos de la guerrilla requiere un marco histórico que las vivencias individuales no logran reconstruir por sí solas. La militancia armada no nació en el vacío: actuó en una Argentina signada por golpes militares, proscripciones y una represión estatal que ya era ilegal antes de 1976. Comprender ese escenario ayuda a descifrar la dinámica de la época, las expectativas de los jóvenes y la deriva de sus decisiones, sin que ello implique absolver los crímenes cometidos. El contexto histórico pierde su capacidad explicativa cuando se lo usa como escudo para eximir de culpas, pero también cuando se lo borra para presentar la violencia del Estado como un destino fatal.

En este punto es donde la película se mide con un riesgo latente: que la visibilización de estos crímenes sea interpretada como un rescate de la teoría de los dos demonios. Presentar los años setenta como un mero enfrentamiento entre violencias equivalentes no solo invisibiliza la responsabilidad del Estado, sino que reduce a la sociedad a la condición de espectadora pasiva. El aparato estatal contaba con recursos, instituciones y la obligación legal de proteger a la ciudadanía y juzgar los delitos con garantías. En lugar de eso, la dictadura convirtió al Estado en un mecanismo clandestino para secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer. Ningún acto de la guerrilla habilita ni equipara esa barbarie.

Condenar los asesinatos cometidos por la insurgencia y sostener la responsabilidad inalienable del Estado por el terrorismo sistemático son posiciones no solo compatibles, sino complementarias. Una perspectiva fundada en los derechos humanos necesita abrazar el dolor sin establecer jerarquías de sufrimiento, y deslindar las responsabilidades sin igualarlas. Visibilizar a unas víctimas no exige desplazar a otras; mucho menos permite utilizar sus muertes como argumento para relativizar los estragos de la dictadura.

En el contexto actual, No matar interviene en un territorio donde el reconocimiento de las víctimas sigue estando tironeado por las disputas políticas sobre el pasado. La propuesta de Villegas nos confronta con las decisiones de la militancia armada desde el dolor concreto que produjeron en otras vidas. El valor de este ejercicio dependerá de mantener la lucidez: integrar a las víctimas de la guerrilla a la memoria colectiva amplía nuestro entendimiento del pasado siempre que preserve, con la misma firmeza y precisión, la condena al Estado por haber organizado la desaparición y el exterminio.