Argentina pierde rodajes mientras el mundo convierte el cine en empleo y divisas

Mientras gobiernos de distintos continentes compiten por atraer películas, series, contenidos para plataformas y publicidad filmada, Argentina todavía carece de un régimen nacional coordinado que le permita disputar esas inversiones. Un estudio publicado en agosto de 2026 sostiene que los incentivos destinados a la producción audiovisual pueden generar un impacto económico varias veces superior a su costo fiscal.

El informe, titulado El cine como política de desarrollo económico, fue elaborado por Antonella Venneri, con revisión y validación de datos de Ariel Venneri. El trabajo reúne información de organismos públicos, asociaciones de la industria y consultoras especializadas, y examina experiencias de más de 40 países y jurisdicciones subnacionales.

Su punto de partida es económico: la producción audiovisual movilizó USD 177.000 millones en 2019 y sostuvo 14 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en su cadena de valor mundial. Ese cálculo incluye cine, televisión y documentales, pero no contempla deportes, noticias ni publicidad.

Incentivos que buscan orientar el gasto

Los programas relevados no consisten, en general, en entregar fondos sin condiciones. Funcionan mediante créditos fiscales, reintegros en efectivo, exenciones impositivas o aportes directos calculados sobre los gastos que una producción realiza dentro del territorio.

Las condiciones suelen incluir un monto mínimo de inversión local, contratación de técnicos y proveedores de la jurisdicción, jornadas de rodaje, participación de productoras locales y, en algunos casos, capacitación laboral.

El estudio sostiene que ese diseño permite utilizar el incentivo para dirigir el gasto hacia sectores determinados. Un rodaje demanda transporte, hotelería, gastronomía, alquiler de equipos, construcción de escenografías, servicios profesionales, tecnología y posproducción. Por eso, su impacto no se limita a las empresas productoras.

Según el relevamiento, por cada 100 empleos directos vinculados con una producción se generan entre 150 y 170 puestos en el resto de la economía. Para los países latinoamericanos analizados, el gasto directo presenta un efecto multiplicador estimado de entre 1,6 y 1,9 veces.

California y España, dos casos de retorno fiscal

Uno de los resultados señalados por el trabajo es la relación entre el costo de los programas y la actividad económica generada.

En California, el programa de créditos fiscales produjo un impacto económico acumulado de USD 21.900 millones entre 2015 y 2020, con un costo fiscal de USD 1.550 millones. La relación fue cercana a 14 dólares de actividad por cada dólar otorgado como crédito. El programa también sostuvo 110.000 empleos acumulados durante ese período.

España presenta otro mecanismo, basado en deducciones sobre los gastos de producción. De acuerdo con la investigación, su relación entre impacto económico y costo fiscal alcanza aproximadamente 9 a 1.

Las cifras no son completamente comparables: corresponden a períodos, monedas, metodologías y definiciones distintas. El propio informe advierte que deben interpretarse como órdenes de magnitud. Sin embargo, los casos muestran el criterio que guía estas políticas: los Estados resignan una parte de la recaudación para captar inversiones que, sin el incentivo, podrían trasladarse a otro territorio.

La pantalla también puede producir turismo

El impacto se extiende a la promoción de destinos. La investigación cita un estudio académico según el cual la exposición de Dubrovnik en Game of Thrones generó 244.000 turistas adicionales y €126 millones de gasto directo en tres años.

En el Reino Unido, las producciones audiovisuales asociadas con el turismo representarían más de £600 millones anuales y unos 13.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

Este fenómeno, conocido como set-jetting, convierte las locaciones vistas en películas y series en destinos turísticos. Aunque su medición presenta más dificultades que el gasto de una producción, algunas experiencias permiten establecer relaciones entre la presencia en pantalla, el aumento de visitantes y los ingresos generados.

Argentina, entre la capacidad técnica y la falta de coordinación

El informe identifica una contradicción en el caso argentino. El país cuenta con equipos técnicos, productoras, instituciones de formación y una trayectoria cinematográfica construida durante décadas, pero no dispone de un régimen nacional competitivo y previsible para captar rodajes internacionales.

Con datos correspondientes a 2017, el Observatorio Audiovisual del INCAA estimó que el sector generaba 94.000 empleos directos y un impacto económico directo de USD 1.784 millones. Su participación equivalía al 0,4% del producto argentino, uno de los porcentajes más bajos entre las 29 economías y jurisdicciones incluidas en la tabla comparativa del estudio.

El documento también recupera una estimación que atribuye al conjunto de la industria 634.465 puestos de trabajo, si se suman los efectos directos, indirectos e inducidos. La diferencia entre ambas cifras responde al alcance utilizado: la primera contempla el empleo dentro del sector; la segunda incorpora los puestos sostenidos por su actividad en otras ramas de la economía.

Desde 2024, el escenario se modificó por el congelamiento de nuevos financiamientos del INCAA y la caída de los recursos destinados al cine. De acuerdo con datos sectoriales citados en el trabajo, la cantidad de películas en producción descendió de alrededor de 100 por año a 30 en 2024 y 26 en 2025.

El informe plantea que la contracción no solo afecta la cantidad de obras nacionales. También puede debilitar la estructura técnica que permitiría captar inversiones internacionales cuando aparezcan nuevas oportunidades.

La experiencia de la Ciudad de Buenos Aires

El programa BA Producción Internacional funciona como el principal antecedente argentino de incentivo orientado a rodajes extranjeros. Su mecanismo reintegra hasta el 25% del gasto elegible realizado en la ciudad.

Durante las convocatorias de 2025, el Gobierno porteño informó más de 7.000 empleos y $36.800 millones de inversión privada. Por cada peso aportado por el Estado, según los datos oficiales citados, el sector privado habría invertido $16.

La Ciudad concentra alrededor de 500 productoras, dos tercios del total nacional, y la industria audiovisual representa cerca del 2% de su producto. Para los autores, estos resultados muestran que el país ya dispone de una base sobre la cual construir una política de mayor alcance.

El panorama subnacional, sin embargo, aparece fragmentado. Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Jujuy, Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Salta cuentan con mecanismos de promoción o fomento, pero la mayoría opera con presupuestos reducidos, escasa información de impacto y sin coordinación nacional.

El lugar de la publicidad filmada

El estudio dedica un apartado a la publicidad audiovisual, un segmento que suele quedar excluido de los programas concebidos para el cine y la televisión.

Para los autores, esa exclusión limita el alcance de los incentivos. Los comerciales requieren plazos de producción más cortos y montos mínimos de inversión menores, por lo que pueden funcionar como primer contacto entre las productoras extranjeras y el mercado local. Esa experiencia puede derivar luego en series o largometrajes.

Uruguay, por ejemplo, contempla un reintegro general del 25% y otro del 20% para publicidad, con un tope específico. Córdoba también diferencia los porcentajes según el tipo de producción.

El debate pendiente sobre las plataformas

El trabajo incorpora otra dimensión: las obligaciones de inversión o financiamiento aplicadas a las plataformas de streaming.

Francia exige destinar entre el 20% y el 25% de la facturación local a producción europea o francesa. España establece una obligación del 5% para las plataformas que superan los €50 millones anuales. Italia aplica un porcentaje del 16%, mientras Australia exige inversión en contenido original local.

Argentina presenta una situación diferente. La Ley de Cine contempla un gravamen del 10% sobre la comercialización de videogramas, pero esa disposición nunca fue reglamentada para servicios como Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video.

La consecuencia, según el estudio, es una dependencia de las decisiones particulares de las plataformas. Estas compañías financiaron parte de la ficción argentina de mayor escala durante los últimos años, pero sin una obligación permanente de reinversión, contratación local o apoyo a producciones independientes.

Una oportunidad que depende del tiempo

Entre sus recomendaciones, el informe propone establecer incentivos con previsibilidad de varios años, exigir gasto y contratación local, incorporar la publicidad filmada, medir los resultados de manera periódica y coordinar los programas provinciales bajo un marco nacional.

La discusión no se limita al financiamiento de películas. El planteo ubica al audiovisual dentro de una política productiva vinculada con exportaciones, servicios profesionales, turismo, empleo y construcción de una imagen internacional.

Argentina conserva una estructura técnica y formativa que otros mercados necesitaron años para desarrollar. Pero esa ventaja depende de la continuidad laboral. Si los rodajes se trasladan hacia países con reglas más competitivas, también pueden hacerlo los técnicos, las productoras y los proveedores que sostienen la actividad.

El documento completo puede consultarse aquí: El cine como política de desarrollo económico.